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martes, 12 de agosto de 2014

Generala acusada de traición estuvo involucrada en gastos de 70 millones de pesos en el 2011 para mantener un servicio de seguridad y de inteligencia para el presidente Leonel Fernández.

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SANTO DOMINGO, República Dominicano.-La generala de brigada Rosanna Pons Peguero, de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), ahora acusada por el ministro de Defensa de traición al alto mando militar, estuvo involucrada en gastos irregulares por más de 70 millones de pesos en el año 2011 para mantener un supuesto servicio de seguridad y de inteligencia para el presidente Leonel Fernández.

 El dato está documentado en una investigación especial de la Cámara de Cuentas de la República (CCRD) a los servicios personales contenido en la ejecución presupuestaria de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), durante el periodo enero-diciembre de 2011, y aprobada en el pleno de la Cámara en enero de 2012. 

Durante el 2011, la institución militar emitió 24 cheques a través de la cuenta corriente dietas y viáticos, por el monto de RD$ 72, 000,000, sin aparente justificación de los desembolsos, según revela el informe de la CCRD.

 La seguridad del mandatario dominicano depende directamente del Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección de inteligencia Militar (J-2) del Ministerio de Defensa, los cuales manejan presupuestos especiales de seguridad para tales fines, por tanto no se justificó el gasto hecho por la FAD

 “Los 24 cheques a nombre del mayor general Ramón Hernández y la generalera Rosanna Pons Peguero, fueron emitidos para servicios especiales a la seguridad del Presidente de la República (en la ocasión Leonel Fernández) en momento que el jefe de estado se dirigía a lugares donde militares de esa institución prestan sus servicios”, indica la auditoría.

 De realizarse los desembolsos durante los últimos 8 años de los gobiernos de Leonel Fernández, la Fuerza Aérea Dominicana habría gastado 567 millones de pesos en la seguridad del mandatario, pero este dato no estaba documentado al momento de llevarse a cabo el informe de la auditoria de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

 El mayor general retirado Ismael Aníbal Díaz Peña, quien fuera el jefe de Estado Mayor de la FAD en ese momento, defendió los gastos en ese sentido, porque, en su opinión, se trataba de la seguridad del Presidente de la República.

 Sin embargo ese argumento es insostenible porque la seguridad del mandatario dominicano depende directamente de otros organismos especializados, como el Cuerpo de Ayudantes Militares de la Presidencia de la República, el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Dirección de inteligencia Militar (J-2) del Ministerio de Defensa, los cuales manejan presupuestos especiales de seguridad para tales fines.

 Los demás cuerpos, departamentos y divisiones de inteligencia o investigación sirven de auxiliares dependientes de estos organismos mencionados.

 Los importes fueron asignados a la División de Inteligencia Militar (A-2) de la FAD y al Comando Aérea de esa institución, en Puerto Plata.

 El organismo cuestiona en su informe, que los cheques eran emitidos a nombre del titular y no de la dependencia que dirigían, además de ser emitidos irregularmente violando las normas de la Contraloría General de la República.

 Según los técnicos, esa práctica vulnera el Manual del Sistema de Contabilidad Gubernamental, emitido por la Contraloría General de la República que expresa lo siguiente: 

 “Todo pago efectuado por la institución debe ser realizado observando todas las reglas de contabilidad gubernamental.” 

 Tomando en cuenta que el presidente no viajaba diario al interior, la cifra se puede considerar exagerada, pues representó para el presupuesto de la institución RD$ 6 millones de pesos mensuales. 

 Tampoco hubo denuncias ni informes de inteligencia, al menos hecho público, que indicaran algún riesgo para la seguridad del presidente Fernández durante en 2011. 

Fuente: Santiago de los Caballeros

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